En un reportaje de CIPER Chile habla que desde 2014 los cerca de dos millones de clientes de Aguas Andinas en la Región Metropolitana financian en su cuenta mensual las obras que debían garantizar el suministro de agua ante la turbiedad del Río Maipo. La sanitaria ha recibido por ese concepto US$10 millones. Y a pesar de ello, con el desastre de abril pasado, ya suman dos cortes masivos. En los últimos seis años Aguas Andinas acumula US$1.063 millones en utilidades y las tarifas volverán a subir para financiar la Fase II de los trabajos que aseguren el suministro. Con o sin corte de agua la ley le garantiza una rentabilidad mínima de 7%.
Diez millones de dólares han pagado en dos años los santiaguinos a la empresa Aguas Andinas por las obras que supuestamente debían evitar un corte del suministro de agua potable si crecía la turbiedad del río Maipo. Pero ese dinero -que se comenzó a cobrar en la boleta mensual a partir de marzo de 2014, y por tiempo indefinido- no sirvió para impedir que casi cuatro millones de personas de 29 comunas de la Región Metropolitana quedaran sin agua entre el sábado 16 y la madrugada del lunes 18 de abril.
El intendente metropolitano, Claudio Orrego, quien encabeza el Comité de Emergencia cuando se produce algún desastre en la región, dijo a CIPER: “Es evidente que las inversiones que se han hecho son insuficientes para garantizar la seguridad de Santiago en materia de agua potable con un cambio climático que no es una amenaza, sino una realidad. Si yo tuviera atribuciones, lo que exigiría es un plan de mitigación ahora”.
Las obras de Aguas Andinas que no dieron abasto consisten en siete pozos subterráneos, estanques para 225 millones de litros de agua y un ducto para llevar otros 3.500 litros por segundo a la planta Las Vizcachas, donde la sanitaria produce el agua potable. Las obras fueron acordadas por Aguas Andinas y la
Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS) después del corte de agua potable de mayo de 2008, cuando las lluvias en la alta cordillera enturbiaron el río Maipo y triplicaron el caudal normal, llegando a 427 m3/seg. (en ese mes el caudal normalmente fluctúa entre 50 y 100 m3/seg.).
Solo seis años después de rubricado el acuerdo, en marzo de 2014, estuvo terminada la Fase 1 del nuevo plan que garantizaría el suministro de agua frente a este tipo de emergencias en la Región Metropolitana. Desde ese mismo mes, la SISS –entidad estatal que regula a las empresas monopólicas del sector sanitario- autorizó un alza de 1,06% de la tarifa que paga cada cliente, destinada a financiar los US$70 millones que invirtió en ella Aguas Andinas. Como la reposición de las instalaciones cuando terminen su vida útil también la pagan los clientes, el superintendente de la SISS, Gabriel Zamorano, reconoció a CIPER que ese incremento de la tarifa se seguirá cobrando indefinidamente.
Para una familia que consume 15 metros cúbicos de agua potable al mes el cobro significa actualmente un alza de $129 mensual. En total, Aguas Andinas percibe por este concepto aproximadamente $3.300 millones al año, según cifras que la SISS entregó a CIPER.
Pero ese no es el único cambio de tarifa. En 2019 los habitantes de las 50 comunas a las que abastece Aguas Andinas en la Región Metropolitana verán aumentar nuevamente las cuentas para pagar más instalaciones que aseguren la llegada del agua potable. Aunque esas obras –en las que se invertirán US$ 90 millones– ni siquiera han comenzado. Un representante de Aguas Andinas dijo a CIPER que estarán operativas en la fecha pactada, momento a partir del cual se aplicará un alza de 1,12%, ya acordada con la SISS, que se sumará a la vigente de 1,06%.
En total, un extra de 2,18% en las cuentas (equivalente a $18 por cada mil litros de agua consumidos) para garantizar el suministro en caso de que llueva, como lo hizo en abril de 2016. Ello, porque con las nuevas obras aumentarán las reservas líquidas de Aguas Andinas, las que alcanzarán para producir agua potable durante 32 horas, contra las actuales 13 horas, según los datos del Informe Tarifario 2015-2020 de la SISS.
Que las familias paguen de su bolsillo no solo el agua que consumen, sino también la seguridad del abastecimiento, es fruto del Decreto Ley 70, dictado en 1988, en las postrimerías de la dictadura, y que fue reforzado en democracia por la Ley 19.549, aprobada por el Congreso en 1998. Esa normativa es la que impide que sea la empresa sanitaria concesionaria la que financie esas obras con sus propias utilidades: Aguas Andinas obtuvo $701.705 millones desde 2010 a 2015 (US$1.063 millones al valor actual).
Ese marco jurídico estableció una fórmula para tarificar los servicios sanitarios, la que permite incluir en la boleta mensual todos los gastos indispensables para suministrar el servicio, y a la vez, garantiza una utilidad mínima de 7% sobre el capital a las sanitarias.
Fernando Balcells, director de la Fundación Chile Ciudadano y hasta comienzos de año vicepresidente del Consejo Social de la SISS, criticó a Aguas Andinas y a la superintendencia por“el modo de financiar las inversiones a través de los usuarios y ojalá sin que éstos lo noten”. Las obras –dijo a CIPER- “debieran anticiparse a los cambios climáticos”, que ya gatillaron tres cortes masivos de agua potable: mayo de 2008, febrero de 2013 y abril de 2016.
Por los casos anteriores, Balcells opina que el último corte de suministro no puede calificarse como de fuerza mayor: “Lo que pasó estaba previsto; no hubo sorpresa. Hubo negligencia”. Las responsabilidades en lo ocurrido es lo que deberá resolver la investigación que realiza la SISS, la que según explicó el superintendente Gabriel Zamorano determinará si era inevitable que Aguas Andinas suspendiera la captación de aguas del Maipo, si operaron debidamente las obras que se habían construido en 2014 y si podría haber sido menos extenso el corte del suministro.
Fuente: CIPER Chile: http://ciperchile.cl/2016/05/02/aguas-andinas-us10-millones-han-pagado-los-santiaguinos-por-obras-que-debian-evitar-el-corte-de-agua/
