El Sernac también inició la mediación con el objetivo de que la empresa estatal acredite que implementó mayores estándares de seguridad de sus procesos, pero este punto parece ya estar zanjado.
La ciberseguridad marcó 2018 por tres eventos específicos: el ciberataque al Banco de Chile, donde le robaron US$ 10 millones; la filtración de miles de tarjetas, donde Correos de Chile se adjudicó al menos una de las bases de datos en cuestión, y el robo de US$ 2 millones a Banco Consorcio.
El Sernac ofició a todos ellos, sin embargo, solo decidió iniciar mediaciones colectivas con los dos primeros. Banco Consorcio quedó al margen, puesto que -aclaró el organismo- “pudo comprobar que tomó las medidas necesarias y oportunas para evitar que los consumidores fueran afectados”.
Para el Chile no fue igual: tras la instancia extrajudicial, el banco se comprometió a compensar a los 89 usuarios que reclamaron ante el Sernac con un monto equivalente a 0,213 UTM (unos $ 10.200).
El escenario, sin embargo, es otro para Correos de Chile. El Sernac continúa con la mediación colectiva que inició el año pasado, “cuyo propósito es que la empresa compense a los consumidores que fueron afectados por la filtración de datos personales ocurrida en julio de ese año”, aclara el servicio.
Esto, ya que si bien las entidades bancarias bloquearon preventivamente las tarjetas de crédito que fueron filtradas, “los usuarios no pudieron utilizar este producto, además de ser expuestos sus datos personales”, detalla.
El Sernac también inició la mediación con el objetivo de que la empresa estatal acredite que implementó mayores estándares de seguridad de sus procesos, pero este punto parece ya estar zanjado.
Sin ir más lejos, el año pasado la Cámara de Diputados ofició a la firma para conocer los avances que llevaba en la materia, y Correos respondió este año con un listado de medidas que implementó en 2018 “con motivo de los múltiples ataques a la seguridad de datos personales, bancarios y comerciales”, dice la respuesta de la compañía. Allí detalla que puso una restricción al número de intentos de ingreso en la plataforma, permitió la eliminación de la base de datos de clientes inactivos, reforzó el área de seguridad y encargó asesorías técnicas para identificar vulnerabilidades de los sistemas del servicio de Casilla en Miami, lugar por donde se filtró la base de datos.
Fuente: La Tercera
